Tras el reciente caso en el que un artefacto pirotécnico fue detonado de manera intencional en una extremidad de un perro callejero, la fiscal general del estado Manuela García Cázares, informó que las denuncias por maltrato animal han registrado un incremento, aunque precisó que este aumento se debe, en gran medida, a que la ciudadanía tiene mayor conocimiento de la existencia de un Ministerio Público especializado para atender este tipo de casos. La titular de la Fiscalía General del Estado explicó que, a partir de estas denuncias, se han logrado judicializaciones y principalmente, acuerdos reparatorios por parte de los imputados hacia los dueños de los animales afectados. No obstante, reconoció que en casos donde los animales no tienen hogar, como el del perro lesionado recientemente, resulta complicado imputar una condena, ya que en muchas ocasiones no se logra identificar a los responsables ni hay una persona que pueda asumir la representación legal del animal lesionado. García Cázares detalló que las conductas más comunes denunciadas por maltrato animal son la violencia física y el descuido, principalmente mantener a las mascotas sin alimento y en condiciones inadecuadas de abandono. Aunque admitió no contar con una cifra exacta del número de denuncias, señaló que el incremento es evidente en comparación con el año anterior. Asimismo, indicó que si bien algunas carpetas de investigación han sido judicializadas, la mayoría de los casos se han resuelto mediante mecanismos alternativos, como la conciliación y acuerdos reparatorios. La fiscal recordó el caso de “Hope”, una perrita que perdió la vida a causa de graves quemaduras, y subrayó que en ese hecho el responsable fue procesado y actualmente se encuentra detenido, lo que calificó como un precedente importante en la persecución de este delito.

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H Finalmente, García Cázares señaló que el aumento de las penas por maltrato animal corresponde al Congreso del Estado, aunque destacó que recientemente se aprobaron reformas que incrementan las sanciones e incorporan agravantes. Sin embargo, reconoció que por delitos graves como la privación de la vida de un animal, la pena máxima puede alcanzar hasta tres años de prisión.