El Gobierno de Reino Unido analiza introducir en 2026 una prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años, siguiendo el precedente de Australia, y cerrar vacíos legales que actualmente dejan fuera a determinados chatbots de inteligencia artificial (IA) de la normativa de seguridad digital. La iniciativa forma parte de la estrategia del primer ministro Keir Starmer para acelerar la respuesta institucional ante los riesgos digitales que afectan a niños y adolescentes, en un contexto de creciente presión internacional sobre las grandes plataformas tecnológicas. El Ejecutivo británico inició el mes pasado una consulta pública sobre la restricción de redes sociales a menores de 16 años. Una vez concluido el proceso, el Gobierno prevé introducir cambios legislativos en los meses siguientes. La medida se articularía como una enmienda a la vigente Online Safety Act 2023, considerada uno de los marcos regulatorios más estrictos del mundo en materia de seguridad en línea. Sin embargo, la ley no cubre actualmente interacciones individuales con chatbots de IA si estas no implican compartir contenido con otros usuarios, lo que constituye una laguna normativa.

La ministra de Tecnología, Liz Kendall, confirmó que el Gobierno presentará propuestas antes de junio para cerrar ese vacío legal. En declaraciones a medios británicos, subrayó la preocupación oficial por el impacto de los sistemas de IA conversacional en menores, especialmente cuando se generan dinámicas de interacción personal no diseñadas con estándares sólidos de protección infantil. Caso Grok y aumento del escrutinio internacional

El debate se intensificó tras revelarse que Grok, el chatbot insignia impulsado por Elon Musk a través de xAI, generaba imágenes sexualizadas no consentidas, lo que encendió alarmas regulatorias. En paralelo, países como España, Grecia y Eslovenia han anunciado que estudian prohibiciones similares tras la decisión pionera de Australia de bloquear el acceso a redes sociales a menores de 16 años. El Gobierno británico también evalúa introducir órdenes automáticas de conservación de datos cuando fallece un menor, con el objetivo de facilitar a los investigadores el acceso a pruebas digitales relevantes, una demanda histórica de familias afectadas. Asimismo, la consulta contempla facultades para limitar el “emparejamiento con desconocidos” en consolas de videojuegos y bloquear el envío o recepción de imágenes de desnudos entre menores. Las empresas tecnológicas serían responsables de garantizar el cumplimiento de la legislación. No obstante, estas medidas han generado tensiones internacionales, especialmente con Estados Unidos, por su posible impacto en la libertad de expresión, la privacidad y el acceso de adultos a servicios digitales. Algunas plataformas de pornografía ya han optado por bloquear el acceso desde Reino Unido antes que implementar sistemas de verificación de edad. Sin embargo, estos bloqueos pueden eludirse mediante redes privadas virtuales (VPN), cuya restricción para menores también está bajo análisis. Expertos en protección infantil respaldan en su mayoría la prohibición, aunque algunos advierten que podría desplazar actividades perjudiciales hacia espacios menos regulados o generar un “efecto precipicio” al cumplir los 16 años. Además, el Gobierno aún debe definir jurídicamente qué se considera exactamente una red social, un paso clave para la viabilidad de la medida. El debate regulatorio se produce en un contexto más amplio de transformación estructural del mercado laboral por la IA. Un informe del Foro Económico Mundial estima que la IA podría crear 170 millones de empleos, pero destruir aproximadamente 92 millones en el proceso de transición.

En Estados Unidos, el Senado de Estados Unidos ha evaluado escenarios en los que podrían perderse hasta 100 millones de empleos.

Ante este panorama, figuras del sector tecnológico han defendido la implementación de una renta básica universal (RBU) como mecanismo de amortiguación social. Elon Musk ha sostenido que en un futuro dominado por la IA “el trabajo será opcional”, por lo que una renta universal sería necesaria para sostener la transición. En una línea más pragmática, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, ha financiado estudios sobre cómo la RBU podría facilitar la reconversión laboral y capacitación. Por su parte, Dario Amodei, CEO de Anthropic, advirtió que la IA tendrá un impacto “inusualmente doloroso” en el mercado laboral, al funcionar como un sustituto laboral general y no solo como reemplazo de tareas específicas. La combinación de protección infantil digital, regulación de chatbots y debate sobre desplazamiento laboral por IA coloca a Reino Unido en el centro de una discusión estructural sobre el equilibrio entre innovación, seguridad y derechos fundamentales. El resultado de la consulta pública y la reforma legislativa prevista antes de junio marcarán un precedente para Europa y podrían redefinir el estándar internacional en materia de gobernanza tecnológica y protección de menores en la era de la inteligencia artificial.

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