La ley es clara sobre el alcance jurídico de la fiscalización a universidades públicas, afirma presidenta de AMEREIAF En el marco del Diálogo Universitario organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Leticia Jiménez Zamora, presidenta de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior A. C. (AMEREIAF), subrayó que la fiscalización de los recursos que reciben las universidades públicas cuenta con límites legales claramente establecidos. La especialista explicó que tanto los recursos federales como las transferencias que reciben las instituciones de educación superior sólo pueden ser revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), atribución que se encuentra expresamente definida en la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Dicha legislación, dijo, delimita con precisión las competencias de cada autoridad y de los organismos fiscalizadores. Desde su perspectiva, el problema surge cuando algunos gobiernos estatales intentan revisar los recursos universitarios sin contar con sustento legal o sin conocer plenamente el marco normativo que regula el ejercicio presupuestal de las instituciones. En estos casos, advirtió, la fiscalización puede convertirse en un instrumento con tintes políticos o en un factor que afecte la operación administrativa y académica de las universidades. La también tesorera general de la Universidad Autónoma de Guerrero precisó que este no es un tema de opacidad, ya que las instituciones académicas de educación superior cuentan con órganos internos de control, consejos universitarios y áreas especializadas, como contralorías, auditorías y dependencias financieras, que supervisan de manera permanente el ejercicio de los recursos. Jiménez Zamora enfatizó que estas se rigen por principios presupuestales estrictos, donde cada peso cuenta con reglas de operación específicas que deben cumplirse cabalmente. En el caso de los recursos federales, recordó que estos son auditados año con año y que incluso se genera un informe individual que se entrega a la Cámara de Diputados, el cual puede ser consultado públicamente en el portal de la Auditoría Superior de la Federación. Respecto a los llamados recursos propios, la presidenta de la AMEREIAF consideró necesario hacer una precisión conceptual. Señaló que las universidades no cuentan con ingresos propios en el mismo sentido que los estados o municipios, ya que no recaudan impuestos, derechos ni aprovechamientos, sino que generan recursos derivados de servicios, aportaciones intelectuales de su comunidad y contribuciones destinadas a sostener su operación cotidiana. Explicó que, si bien la Ley de Educación Superior establece la gratuidad de la educación pública, también contempla la creación de un fondo de equidad que compense esta obligación. Sin embargo, al no existir plenamente dicho fondo, las instituciones recurren a recursos autogenerados para atender, de manera gradual e insuficiente, las necesidades de estudiantes, docentes e infraestructura. Estos recursos, puntualizó, se encuentran regulados por la Ley Orgánica y los Estatutos de cada universidad, por lo que los estados no cuentan con facultades legales para revisarlos. Hacerlo, afirmó, implicaría una violación directa a la autonomía, consagrada en el artículo tercero constitucional, particularmente en su fracción séptima, que reconoce el derecho de las universidades a autoadministrar su patrimonio. Al referirse al caso específico de la UASLP, donde se ha hablado incluso de posibles procedimientos legales contra autoridades universitarias, Jiménez Zamora sostuvo que cualquier situación debe atenderse conforme a la ley. Recordó que las universidades cuentan con áreas jurídicas sólidas y con órganos máximos de control, y que ningún acto de autoridad puede situarse por encima de la Constitución. Destacó que la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas fue creada precisamente para dar mayor claridad a los gobiernos y a los organismos autónomos sobre el alcance y los límites de las auditorías, así como sobre los derechos y responsabilidades de las entidades fiscalizadas. En ese sentido, confió en que no exista un gobierno que pretenda actuar en perjuicio de su universidad, pues ello también afectaría a los estudiantes, a los docentes y, en última instancia, a la propia ciudadanía. Finalmente, la presidenta de la AMEREIAF consideró que la colaboración, el respeto a la autonomía y el apego estricto a la ley son la única vía para fortalecer a las instituciones de educación superior y garantizar que continúen cumpliendo su función social de formar ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con el desarrollo del país.