ENTRE DESACIERTOS Y desatinos, la Secretaría de Salud, que lleva David Kershenobich, definió las políticas para la compra de medicamentos multianual, la primera de este sexenio. En primer lugar, el equipo del subsecretario Eduardo Clark determinó que solamente participarán fabricantes o titulares de los registros sanitarios, lo que les da una ventaja a quienes cuentan con registros de productos de importación. Que se preparen los fabricantes nacionales, pues muchas veces no pueden hacer frente a los requerimientos de entrega en múltiples sitios, con picking de piezas de claves distintas por destino. Además, tendrán que enfrentar las engorrosas burocracias y las casetas de cobro para poder entregar medicamentos y sobrevivir al viacrucis de obtener los pagos. Para eso se apoyaban en distribuidores, que en base al know how y el know who, atajaron los altos costos asociados a la entrega a múltiples destinos y hospitales con criterios diferentes para recibir los medicamentos. El segundo lugar, es el anuncio de la entrega en 60 puntos, principalmente los almacenes de los OOADs del IMSS y lo que fueron los almacenes estatales de los OPDs, recientemente re-federalizados en IMSS Bienestar. Para nadie es un secreto la incapacidad para recibir proveedores y los altos costos que se enfrentan ante las contraprestaciones que se solicitan en almacenes del IMSS y de las secretarías de salud estatales. Éstas no cuentan con el espacio para recibir transportes y almacenar producto para su posterior envío a las unidades médicas. El tercer lugar, como siempre, es el retraso en la entrega de las demandas, en especial por el IMSS Bienestar y el IMSS régimen ordinario para entregar sus demandas anuales. El que lleva Alejandro Svarch porque no dispone de las bases para determinar las demandas de los estados, que tradicionalmente cuentan con un compendio de claves reducidas y no normalizadas, y con un constante desabasto. Y el IMSS por limitaciones en sus sistemas y el abuso de funcionarios que han creado artificialmente desabasto para continuar con sus compras regionales. Todo lo anterior es independiente a la molestia en el gremio farmacéutico con el IMSS Bienestar, que viene arrastrando retrasos en pagos a proveedores al igual que el desaparecido INSABI, que dirigía Juan Ferrer. Los pasivos por liquidar son superiores a un año, al igual que el ISSSTE, que dirige Martí Batres, que tampoco paga a sus proveedores de medicamentos desde agosto del año pasado. TREMENDO PROBLEMA SE les viene a las embotelladoras de agua en México. La venta embotellada del vital líquido en nuestro país se encuentra fuera de la ley. El Plan Hídrico Nacional propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum busca atacar el régimen mercantilista de las concesiones de agua. Esto quiere decir, acabar con décadas de acaparamiento del agua por parte de las empresas nacionales y extranjeras que lucran indiscriminadamente con los recursos naturales de todos los mexicanos. El tema no es menor ya que los intereses de estas grandes corporaciones en torno a la comercialización del agua embotellada podría generar pérdidas económicas para el sector. Firmas como Coca-Cola, que preside Luis Felipe Avellar, dueña de Ciel; Danone, que dirige Silvia Dávila, con Bonafont; Nestlé, que encabeza Fausto Costa, con Pureza Vital; PepsiCo, que comanda Paula Santilli, con e-pura y Aquafina, y Niágara Bottling, que capitanea Víctor Palomo, con Niágara. Habrá que dilucidar si el agua es un recurso natural protegido e inalienable, como dicta la Constitución, o bien una materia prima susceptible de ser acaparada en beneficio de unos pocos. Distintos colectivos sociales ya enfilan una batería de acciones legales en contra de esas embotelladoras. Quedará en manos de la Comisión Nacional del Agua, que maneja Efraín Morales, determinar si mantiene el estatus quo de este sector, o se suma a las exigencias sociales. SERÁ ESTE JUEVES cuando el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica resuelva si Walmart de México y Centroamérica incurrió en prácticas anticompetitivas en el mercado de abastecimiento y distribución al mayoreo de bienes de consumo, comercialización minorista de éstos y servicios relacionados. La Autoridad Investigadora, que lleva José Manuel Haro, emitió hace un año un predictamen en el que encontró al gigante del retail que preside aquí Ignacio Caride responsable de esa actividad. Hoy los comisionados Andrea Marván, Ana María Reséndiz, Brenda Hernández, Rodrigo Alcázar, José Mendoza, Alejandro Faya y Giovanni Tapia emitan la resolución final. En estos últimos 12 meses, Walmart ha presentado argumentos para desvirtuar la denuncia del organismo antimonopolios. Hogan Lovells, el bufete que dirige Omar Guerrero, encabeza la defensa del grupo. Chedraui, de Antonio Chedraui Eguia, fue la que promovió la denuncia hace más de dos años. DÍA REDONDO EL ayer para Altagracia Gómez. Presentó en la conferencia mañanera el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas de Claudia Sheinbaum, el cual coordinará. Lo componen 14 consejeros independientes, siete mujeres y siete hombres. Apunte a Gina Diez Barroso, Blanca Treviño, Pita de la Vega, María Elena Gallego, Concepción Miranda, Ana María Macías, Tamara Caballero, Rodrigo Herrera, José Chapur, Juan Domingo Beckmann, Eduardo Tricio, Armando Garza Sada, Raúl Gutiérrez Muguerza y Antonio del Valle Perochena. Pero además su labor de cabildeo rindió frutos porque los diputados de Morena y partidos satélites dejaron ayer en el tintero las reformas constitucionales a los artículos 4 y 27 en materia de agua, alimentación y protección al medio ambiente, que prohíben, por ejemplo, la minería a cielo abierto, el maíz transgénico y la expedición de nuevas concesiones de agua. EL IMSS EMITIÓ ayer el fallo del Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo, con el que se pretende adquirir una 38 mil 21 computadoras en unas tres partidas. La primera, de 37 mil 213 computadoras de escritorio, se las llevó la empresa Desarrollo TI tras ofertar 852 millones 760 mil pesos IVA incluido mediante el procedimiento licitatorio IA-50-GYR-050GYR975-I-14-2024. Otras dos partidas, la IA-50-GYR-050GYR975-I-18-2024 y la IA-50-GYR-050GYR975-I-19-2024, se las adjudicaron a la compañía Compucentro, de Pedro Plaza, que fincó 7 millones 936 mil pesos para 403 laptops y 24 millones 237 mil pesos para otras 405 computadoras portátiles especializadas, ambos casos también con IVA incluido. Los fallos del organismo que dirige Zoé Robledo se dieron tras dos aplazamientos y 14 cancelaciones de junta de aclaraciones. Pero al final el Instituto Mexicano del Seguro Social sacó el proceso. POR DARÍO CELIS ESTRADA         

COLABORADOR         

@DARIOCELISE