La propuesta de iniciativa conocida como Ley Alberto, es impulsada por sectores conservadores para desestimar la agenda feminista, reconoció Mayra Dávila, representante del colectivo Adax Digitales. Expresó su rechazo, ya que dijo, está centrada en sancionar las denominadas "denuncias falsas"; y de acuerdo con las estadísticas oficiales este tipo de denuncias representan una fracción mínima en comparación con 93% de impunidad que existe en delitos cometidos contra mujeres y niñas. Como muestra de las fallas en las instituciones, la colectiva expuso el caso de una menor víctima de abuso sexual en Jalpan de Serra iniciado en 2021. Tras años de dilaciones por recursos presentados por la defensa, el acusado falleció la semana pasada sin sentencia, lo que provocó el sobreseimiento del expediente y dejó a la víctima sin resolución jurídica. Asimismo, las integrantes señalaron la urgencia de aplicar adecuadamente la Ley Sabina contra los deudores alimentarios, un problema que afecta a 8 de cada 10 divorcios en los que no se paga la pensión correspondiente.  La organización calcula que en la entidad existen más de 2mil deudores identificados, pero las trabas burocráticas y procesales han provocado que solo el 15% aparezca en el registro formal. No obstante, la colectiva destacó avances con la aprobación de la norma que prohíbe a los deudores acceder a cargos en la administración pública o de elección popular; medida que generó que 8 funcionarios públicos que acumulaban adeudos se pusieran al corriente en sus pagos para ser dados de baja de la lista correspondiente.