El informe emitido por la Organización de las Naciones Unidas sobre las desapariciones en México equivocadamente afirma que actualmente en nuestro país existe el fenómeno de la desaparición forzada, lo cual no refleja el contexto verdadero, afirmó la senadora Beatriz Robles durante una rueda de prensa.  Robles apuntó que el documento de la ONU comete el error de no diferenciar entre las desapariciones forzadas, que de acuerdo con ella son cuando intervienen instituciones del Estado, con las desapariciones realizadas por particulares; es decir, el crimen organizado, lo que genera un sesgo en la información presentada.  “En México, hace algunos años tuvimos desapariciones forzadas, por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, donde realmente intervinieron personas de la policía, eso se considera como una desaparición forzada, pero en estos gobierno de la Cuarta Transformación no hay desapariciones forzadas, las desapariciones son por grupos delincuenciales privados”, precisó la funcionaria.  Además, señaló que la ONU retomó información hasta el 2017, por lo que no se considera el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ni el de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.  De acuerdo con la información publicada por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, el análisis que fue presentado, y por el cual se le hizo la solicitud al Secretario General de las Naciones Unidas a remitir urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México ante la Asamblea General de la ONU, deriva de datos recopilados por comité desde el 2012.  Dentro de sus estimaciones, el Comité reportó el hallazgo de más de 4 mil 500 fosas que contienen más de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos, además de más de 72 mil restos humanos no identificados.  El llamado internacional que realiza el comité es la adopción de medidas para proporcionar, desde la Asamblea General de la ONU, la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el país requiere para las operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones forzadas y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.  Además el establecimiento de un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y prestar asistencia y protección a las familias, las organizaciones y los defensores que buscan a los desaparecidos.