En medio del anuncio de una nueva iniciativa para garantizar vivienda social en los municipios de Jalisco, el urbanista José Alfonso Baños Francia advirtió que el problema de fondo va más allá de la construcción de nuevas casas y requiere replantear el modelo urbano y el papel del Estado en el desarrollo habitacional. En entrevista para “Así las Cosas”, el académico señaló que el acceso a la vivienda se ha deteriorado significativamente en los últimos años debido al encarecimiento del suelo por especulación y a la predominancia de un mercado inmobiliario que prioriza la rentabilidad sobre la función social. “Hemos dejado de ver la vivienda como un derecho constitucional para tratarla como una mercancía”, subrayó.

De acuerdo con el especialista, en Jalisco existe un déficit cercano al millón de viviendas, lo que afecta principalmente a personas con ingresos menores a 15 mil pesos mensuales. En ese contexto, consideró positiva la intención del gobierno encabezado por Pablo Lemus, pero advirtió que el éxito dependerá de atender factores estructurales. “El problema no es solo cuántas viviendas se construyen, sino dónde y en qué condiciones”, explicó. Baños Francia recordó que en administraciones pasadas se promovió la construcción masiva de vivienda en zonas periféricas, lo que derivó en ciudades dispersas, con graves problemas de movilidad y acceso a servicios.

“El suelo más barato suele estar más lejos, pero eso genera costos sociales mucho más altos. Terminamos con ciudades desconectadas y con baja calidad de vida”, afirmó. En ese sentido, insistió en que los gobiernos municipales deben asumir un rol más activo mediante la creación de reservas territoriales y bancos de suelo que permitan desarrollar vivienda en zonas bien ubicadas. El urbanista destacó la necesidad de innovar en los modelos de vivienda. Entre las alternativas, mencionó el esquema de vivienda progresiva implementado en Chile, donde se construye parcialmente una casa con infraestructura completa, permitiendo su ampliación posterior por parte de las familias. También propuso impulsar esquemas de renta social, una práctica común en Europa pero poco desarrollada en México. “No todo tiene que ser propiedad. La renta puede ser una solución viable si se garantiza que sea accesible y justa”, indicó. El especialista puso como ejemplo el caso de Puerto Vallarta, donde el mercado inmobiliario ha favorecido el desarrollo de vivienda turística, dejando de lado las necesidades de la población local. “Hay terrenos con servicios que no se construyen porque se espera que aumenten su valor. Es un proceso especulativo que limita el acceso a la vivienda”, explicó. Incluso planteó la posibilidad de destinar un porcentaje de desarrollos turísticos a vivienda para residentes, como una medida para equilibrar el mercado. Finalmente, Baños Francia enfatizó que cualquier política pública en la materia debe partir de reconocer la vivienda como un derecho humano y no solo como un bien de mercado. “El reto es técnico, urbano, institucional y financiero. Pero sobre todo es un reto de visión: entender que el suelo y la vivienda tienen una función social que debe ser garantizada por el Estado”, concluyó.