Va derecho y no se quita. Parece que ninguna ley, recurso jurídico u opinión puede ponérsele enfrente. El Presidente parece tener muy claro, no sólo qué quiere de su gobierno sino —todavía más relevante— cómo lo quiere. Y si alguien se interpone, lo arrolla. No importa si se trata de un opositor partidista, alguna organización o activista, o la Constitución misma. Se ha convertido en un experto para sortear vericuetos legales y encontrar la fórmula para lograr sus objetivos. Lo ha hecho con el Tren Maya, por ejemplo, que ha sido declarado asunto de seguridad nacional, para brincar trámites burocráticos y autorizaciones. Y lo volverá a hacer en otro de los pilares de su gobierno: la Guardia Nacional. López Obrador ha decidido tomar un atajo, saltarse al Congreso y hacer lo que es su deseo desde hace un buen rato: supeditar a este cuerpo de seguridad a la Secretaría de la Defensa.  El pasado lunes por la mañana anunció un acuerdo presidencial para pasar por completo las funciones de la Guardia a la Sedena. “Ya por acuerdo de la Presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa. “Quiero que ya la Secretaría de la Defensa se haga cargo”, dijo.  Ya no importó que el artículo 21 de la Constitución señale que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”. Tampoco que para reformarlo se requiera una modificación legal que debería realizar las dos terceras partes del Congreso. Menos que el propio presidente y su partido hayan empujado una reforma constitucional hace menos de cuatro años que asentara en la Carta Magna que “la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional”. Las cosas cambiaron. El Presidente quiere a la Guardia supeditada al Ejército y está acostumbrado a obtener lo que desea.  “Lo voy a analizar en el ámbito, en la esfera de mis atribuciones, puedo modificar —si es necesario— el reglamento interno del Gobierno. Puede ser por decreto o una reforma a la Ley de la Administración Pública independientemente de lo que resulte sobre la Reforma Constitucional”, dijo, trazando la ruta sobre el “acuerdo”, que podría tratarse de un decreto o una reforma a la Ley de la Administración Pública. Y por si hubiera dudas: “Les adelanto que el día 16 de septiembre el desfile militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública y los actores principales van a ser los integrantes de la Guardia Nacional”, remató. Ayer insistió en el tema. En teoría, ni el Ejecutivo federal mediante un decreto, ni el Congreso mediante una reforma a ley secundaria podrían readscribir la Guardia Nacional a la Sedena. Pero el Presidente tiene otros datos. POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

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