Desde que tres habitantes de San Pedro Xaltocan salieron en la televisión afirmando que todos estaban de acuerdo con vender sus terrenos para el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, ningún ejidatario quiere decir su nombre. Aceptan que el Gobierno federal ha venido a consultarlos. De hecho, el Gobierno ha reconocido que de entre todos los pueblos que rodearán al nuevo aeropuerto este ha sido el único que ha sido consultado (y que lo avalaron), pero los ejidatarios aseguran que todo está en veremos. "Van como diez asambleas, prometen y prometen, nos preguntan qué más queremos, pero no nos dicen ni si sí ni cuándo, ni nos han dicho ni cuánto van a pagar por metro cuadrado", cuenta Marco. El ejidatario calcula que no menos de mil 200 pesos el metro cuadrado. "Estamos depurando porque muchos quieren arrimarse al pastel", dice un integrante de la Comisión de Vigilancia del ejido.  Confirma que ha habido unas diez asambleas desde enero, pero sin llegar a nada concreto.  "Vienen los del Gobierno. Nos dicen '¡pregunten qué más quieren saber del aeropuerto!', ¿y uno qué va a preguntar, si no sabe nada de aeronáutica?". "Si por mí fuera, yo no aceptaría, son más los problemas que nos va a traer". A cambio de vender sus parcelas, (304 hectáreas del ejido de Xaltocan, según la Sedena), los ejidatarios han pedido varias obras. Para empezar, un hospital, porque el más cercano es el de Zumpango, que construyó Grupo Higa, la empresa consentida de Enrique Peña Nieto. Según Andrés Manuel López Obrador costó 8 mil millones de pesos. Tiene estructura antisísmica, pero los ejidatarios le dicen 'el barquito' porque se parece al Titanic. Y señalan que es un elefante blanco y caro. Un hospital, luego agua potable, porque aunque en el municipio hay una red de más de 30 pozos, el líquido se va para la Ciudad de México y hoy en San Pedro Xaltocan no hay. Después, quieren una universidad, fuentes de empleo, carreteras. "Es como una carta a Santa Claus", resume la presidenta municipal de Nextlalpan, Elizabeth Mendoza, de Morena.  La alcaldesa informa que aún no han firmado el convenio de cesión de terrenos al Gobierno federal, pero que hará lo que el pueblo le diga al Presidente López Obrador: "El pueblo es sabio", dice.  Aunque no está muy informada de cómo va el proceso. Más bien acepta que el municipio se ha hecho a un lado. "Estés o no de acuerdo, ¿quién se va a oponer al Presidente?". "Lo que pasa es que no han dicho ni cuánto por metro cuadrado", afirma el primer ejidatario. "Nos quieren marear para darnos atole con el dedo". "Dicen que en Xoloc han pagado en 240 pesos el metro cuadrado, pero nuestras tierras son un vergel y nos ha costado trabajar como pinches esclavos". Tres veces al año levantan las cosechas, asegura.  Pueden hacerlo porque las hectáreas que están pegadas a las pistas militares son regadas con aguas negras de la Ciudad de México.  "Pensamos pedir mil 500 pesos por metro cuadrado, pero el Gobierno no ha ofrecido nada". En el ejido, las parcelas están verdes. Maíz, cebada, alfalfa. Detrás del alambre están las pistas militares y una máquina que perfora el suelo. Al fondo, el cerro de Santa Paula, muy grande como para no ser visto. Hay tractores entre el campo, un camión cargando comida seca para vacas, un ruido de avión y un ejidatario en bicicleta que confirma lo que los demás han dicho. Aunque no se anima a calcular un precio por su tierra.  "Esta es mi tierra, ve cómo produce, yo a mi tierra no le pongo precio", dice. Igual que los demás ejidatarios, afirma que no participó en la consulta sobre si el aeropuerto se quedaba en Texcoco o en Santa Lucía.  Como los demás, tampoco quiere dar su nombre. No quiere problemas. "Todo está muy revuelto aquí".

Descartan vecinos vender en Xolox La casa de Antonia Galindo se ubica en la zona contigua a la Base Aérea Militar de Santa Lucía, donde se construirá el nuevo aeropuerto, y aunque sabe que al Gobierno le interesa comprar su predio, dice que no ha recibido ninguna oferta. "Aquí no ha venido nadie. No nos han ofrecido nada. Tampoco queremos vender. Aquí nos vamos a quedar", asegura. Desde hace dos años, llegó a vivir a un predio que le regaló su hermano en la Colonia Ameyal, del pueblo San Lucas Xolox, en Tecámac, Estado de México. Aunque todavía no tiene escrituras porque la zona donde se localiza su predio está en trámite de regulación municipal, su esposo le construyó una vivienda a base de tarimas, plásticos y algunos tabiques. "Hasta que no tenga el papel, voy a construir con otro material", indica. Antonia se niega a dejar su predio para que pueda construirse el aeropuerto de Santa Lucía, a menos de que el Gobierno le ofrezca pagar lo que vale. "Si me paga lo que está valiendo el terreno aquí, yo creo que sí, pero yo digo que no van a pagar lo que valga el terreno", afirma. Daniel Castillo Hernández, vecino de Antonia, cuenta que tampoco ha recibido una oferta del Gobierno federal para adquirir su predio, aunque sabe que les interesa porque se localiza en el polígono contiguo al perímetro de la Base Aérea. "Nadie se ha acercado, ni gente del Gobierno ni nadie que nos pueda dar una aclaración de lo que se va a hacer con el nuevo proyecto. Este es un patrimonio que hace uno con mucho sacrificio para que lleguen y digan 'se van a ir' o 'los vamos a sacar'", reprocha. Igual que su vecina, Daniel no quiere vender su predio, pero asegura que si el Gobierno federal le hace una oferta justa, podría considerarlo como una opción. "Si se llega a un arreglo en donde lleguemos a un acuerdo, pues sí, no habría problema". -- Reforma