A punto de cumplir 15 días de plantón frente a Palacio Nacional, los desplazados por la violencia en el centro de Guerrero pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que los reciba, aunque sea 20 minutos, para plantearle que ordene la intervención de fuerzas federales de seguridad. Aunque mañana acudirá a su campamento el director general de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Gobernación, Félix Santana, los desplazados de los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala insisten en la importancia de una reunión con el Presidente. "Para nosotros es importante que el Presidente de la República reciba una comisión durante unos 20 minutos o media hora para que se le puedan plantear las necesidades de estas familias", dijo Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. Olivares aclaró que las familias que están en el plantón frente a Palacio Nacional no son todas las víctimas de desplazamiento forzado, pues en total son más de mil 600. La noche del 17 de noviembre pasado, alrededor de 300 personas de la comunidad de Tlaltempanapa, en Zitlala, y de alrededor de nueve poblados de Leonado Bravo, entre ellos Filo de Caballos y Campo de Aviación, llegaron a la Capital del País. Los de Zitlala, que el 4 de noviembre pasado huyeron al Municipio de Copalillo, piden ser reubicados, pues temen por sus vidas en caso de regresar a su comunidad. Los habitantes del Municipio de Leonardo Bravo, quienes desde el 11 de noviembre se refugian en Chichihualco, la cabecera municipal, piden que el Gobierno federal intervenga para generar condiciones para el regreso a sus casas. "La primera demanda de los habitantes de Leonardo Bravo es que el Gobierno repliegue al grupo delincuencial que tomó sus localidades y los obligó a salir, y que inmediatamente instale un perímetro de seguridad entre los municipios de General Heliodoro Castillo y de Leonardo Bravo", explicó Olivares. "Y que el mismo Gobierno federal tome en sus manos la seguridad pública, porque no es posible que un grupo delincuencial diga que es el encargado de brindar seguridad". En Zitlala, el conflicto por el que los habitantes huyeron de sus casas deriva de enfrentamientos entre los grupos criminales de Los Ardillos y Los Rojos. En tanto, en Leonardo Bravo el desplazamiento se dio a raíz de la irrupción, el 11 de noviembre de 2018, de la autodenominada Policía Comunitaria de Tlacotepec, cabecera del Municipio de General Heliodoro Castillo, en Filo de Caballos. Olivares advirtió que la situación que se vive en los sitios donde ocurrieron los desplazamientos forzados es de crisis humanitaria, pues los niños no van a la escuela y los servicios de salud están suspendidos. "La crisis humanitaria que viven las personas en Guerrero la han trasladado a este lugar esperando que el Presidente los escuche y les resuelva su problema". El representante aseguró que están de acuerdo en que el control de la región sea retomado por el Gobierno federal a cuesta de una irrupción militar. Con ese acto, en el que según habitantes de Filo de Caballos, participaron más de mil personas armadas, huyeron habitantes de las comunidades de Campo de Aviación, Los Morros, La Escalera, Puentecillas, Corralitos, Carrizal y Torre la Camotla, todos de Leonardo Bravo. La supuesta Policía Comunitaria de Tlacotepec es liderada por Humberto Moreno Catalán, al servicio de Onésimo "El Necho" Marquina Chapa, líder de Guerreros Unidos en la región. En tanto, en el Municipio de Leonardo Bravo opera el Cártel del Sur, liderado por Isaac "El Señor de la I" Navarrete Celis, según el mapa delictivo que hizo público el Gobierno de Guerrero en junio de 2018. El corredor Tlacotepec-Chichihualco es señalado históricamente como una zona de suma importancia para la producción y trasiego de heroína, aunque a decir de habitantes de Filo de Caballos, desde 2017 el precio de la droga se vino abajo. -- Reforma