En rueda de prensa, la Oficial Mayor, Ada Amelia Andrade Contreras manifestó que, previo acuerdo con el gobernador del estado se ha generado un acuerdo donde se establecerán medidas de prevención en la actual administración pública de gobierno del estado ante la contingencia del COVID-19, entre las que se encuentra la suspensión de actividades presenciales en edificios y oficinas del poder ejecutivo del estado. “A partir de la entrada en vigor de este acuerdo, y hasta el 19 de abril del 2020, se suspenden temporalmente las actividades presenciales en los edificios y oficinas afectas a las dependencias y entidades que integran la administración pública del poder ejecutivo del estado”. Quedan excluidas de la aplicación de este acuerdo, la Secretaria de Salud, la Secretaria de Seguridad Publica, así como las instituciones y autoridades participen directa o indirectamente de la seguridad de la ciudadanía. “Así como las unidades administrativas que presten servicios públicos de salud, protección civil, distribución de agua potable, programas sociales, servicios esenciales y demás actividades que por su naturaleza deban prestarse de manera presencial e ininterrumpidamente“. Exhorto a los ayuntamientos a mantener los servicios de seguridad, basura y servicios de agua. Comentó que, durante este periodo, la dependencias y entidades de la administración pública del poder ejecutivo del estado, deberán implementar planes y programas que garanticen la continuidad de la operación para el cumplimiento de sus funciones esenciales en el periodo de la contingencia sanitaria, “Los titulares de las dependencias y entidades, o bien las autoridades competentes de las instituciones que se trate, determinarán las funciones esenciales a cargo, de cada institución, cuya continuidad deberán garantizar, para lo cual deberán cumplir con las medidas preventivas de higiene que han sido determinadas por parte de la secretaria de salud”. Así mismo, comentó que se tendrán que suspender los eventos masivos, las reuniones y congregaciones que hayan tenido previamente programadas. Se insta a las dependencias y entidades del poder ejecutivo del estado para que, en términos de la normatividad, analicen la posibilidad de suspender los plazos y términos aplicables en los tramites y procedimientos administrativos bajo su jurisdicción.