Para llegar a la conclusión si existe o no conflicto de intereses en la adjudicación de contratos por parte de la Secretaría de Salud a empresas dudosas, el periodista Juan José Rodríguez refirió que, la secretaria de salud del estado tiene un jefe quien debe ser el encargado de aclarar el tema, “como dicen en el barrio, no se manda sola”, en exclusiva para Imagen Informativa con Eva María Camacho. La impartición de justicia en casos relacionados a la adjudicación directa de contratos desde cualquier instancia de gobierno a empresas fantasmas compromete a la Contraloría General del Estado a la Auditoría Superior del Estado y en caso de denuncia a la Fiscalía Estatal en el caso de los servicios de Salud que maneja dos partidas tanto federal como estatal, involucra a la Auditoría Superior de la Federación. Planteó que por parte de los servicios de Salud se concedieron dos contratos por un monto de 22 millones y medio de pesos para un servicio de asesoría con dos empresas posiblemente fantasmas, que son investigadas actualmente en Baja California por contratos por un monto de 94 mdp, por servicios que no prestaron, en su más reciente columna “Las Nueve Esquinas” publicada en el diario Pulso de San Luis. La finalidad del contrato era establecer una guía de equipo médico de las nuevas instalaciones del Hospital Central, que según expertos de la UASLP y del Ipicyt, se pudieron haber obtenido a menor costo y además se pudo haber realizado con personal del nosocomio. En días pasados, surgió información que uno de los contratos por 13 mdp otorgados por parte de la Secretaría en julio de 2017, a una empresa que tiene como apoderado a Salazar Soto de nombre Kubal ZF Comercializadora Integral, S.A. de C.V., por una decisión personal de la actual secretaria de Salud Monica Liliana Rangel, bajo el argumento legal en el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones para el Estado de San Luis Potosí, que le da facultades a la titular de la dependencia para ordenarla, bajo su responsabilidad, "en aquellos casos en que de cuya (sic) resolución inmediata y expedita dependa la preservación del orden social, la continuidad en la prestación de los servicios públicos, la salubridad, la seguridad pública así como en los casos de siniestros o desastres producidos por fenómenos naturales". Dicha asignación se dio a través de un concepto no aplicable, lo que señala a la titular de la dependencia de Salud de haber ejercido sus funciones de forma indebida, explicó el periodista, quien aseguró contó con apoyo legal en la materia para llegar a esta conclusión. “Lo sabían de meses antes que había que renovarse un contrato, invocar ese artículo es una chapuza para favorecer a un proveedor determinado y otorgarle un contrato”, declaró. Cabe mencionar que el empresario Gabriel Alan Salazar Soto ha sido relacionado con compañías con problemas financieros como el Grupo Infinite y Financiera Ivercorp, además de haber recibido por parte de la Secretaría de Salud 65 millones de pesos en contratos, revelado por Ciudadanos Observado.