El Gobierno mexicano tiene evidencia suficiente para acusar a funcionarios en relación con uno de los escándalos de corrupción más importantes en la historia de América Latina. Pero, se está rehusando a presentar cargos porque podrían perjudicar al partido gobernante previo a las elecciones presidenciales, revelaron tres personas con conocimiento directo del caso. El escándalo involucra al coloso brasileño de la construcción, Odebrecht, que ha admitido pagar casi 800 millones de dólares en sobornos por toda América Latina para asegurar contratos gubernamentales en una docena de países. Las consecuencias de las investigaciones han tocado a casi todo país en la Américas donde operaba la compañía, con presidentes destituidos, funcionarios arrestados y la política nacional trastocada desde Perú hasta Panamá. Sin embargo, han habido dos excepciones notables: Venezuela, un paria internacional con un Gobierno autoritario, y México, donde se han estancado dos investigaciones federales separadas. Los casos penales yacen atrapados en un limbo legal común para las investigaciones políticamente delicadas en México, donde la corrupción sigue siendo uno de los mayores impedimentos al incipiente Estado de Derecho del País. Los escándalos de corrupción han asolado al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto prácticamente desde el momento en que ocupó el cargo. Su esposa adquirió una residencia construida a su gusto de un contratista del Gobierno bajo condiciones favorables, lo que dio inicio a la caída de sus índices de popularidad. Surgieron más escándalos, incluyendo la desaparición misteriosa de 43 estudiantes normalistas, el uso de herramientas sofisticadas de espionaje compradas por el Gobierno para monitorear a periodistas y abogados de derechos humanos y acusaciones de que altos funcionarios desviaron fondos públicos para pagar campañas electorales del partido. La falta de avances en el caso Odebrecht ha sido un punto sensible en México desde finales del 2016, cuando, en un arreglo extrajudicial de miles de millones de dólares, la compañía reveló a autoridades de Estados Unidos, Suiza y Brasil que había pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos. Una de las investigaciones mexicanas -iniciada por un fiscal especial y que generó documentos revisados por The New York Times- identificó a un allegado cercano a Peña Nieto como sospechoso. Sin embargo, la investigación apenas iba iniciando cuando el entonces fiscal fue despedido por el Gobierno en octubre. Desde entonces, el caso ha tenido pocos avances, con incluso solicitudes de información básica tardando meses, de acuerdo con otras dos personas que han revisado los expedientes más recientes del caso. Sin embargo, la investigación más fuerte en México, iniciada a principios del año pasado por la Procuraduría General, acumuló evidencia suficiente hace meses para acusar a sospechosos, de acuerdo con tres fuentes quienes han revisado el caso o han sido informadas sobre el mismo. Las presiones políticas son demasiado fuertes para que avance el caso, aseguran. Los sospechosos trabajaban para la paraestatal petrolera de México, Petróleos Mexicanos. En su arreglo extrajudicial con otros países, Odebrecht admitió haber pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios en la compañía petrolera mexicana. Y el ex Procurador Raúl Cervantes, quien supervisó personalmente el caso estando al frente de la dependencia, incluso viajó a Brasil para hablar sobre la evidencia que las autoridades habían recabado allí. La decisión de Cervantes de adoptar un papel tan activo en el caso llamó la atención de muchos dentro de la PGR y mucho más allá. Algunos esperaban que fuera una señal de que el escándalo no sería pasado por alto. Otros temían que, ya que el Procurador es nombrado por el Presidente, su independencia quedaría comprometida. La Procuraduría General no respondió a varias solicitudes de comentarios. Nada ha sucedido en México al menos no a funcionarios mexicanos. La Nación ha aplicado una sanción administrativa contra Odebrecht, prohibiéndole operar en el País durante varios años. Sin embargo, ningún funcionario mexicano ha sido acusado de aceptar sobornos y Cervantes, quien dejó el puesto en septiembre, ha dicho públicamente que había concluido la investigación. Desde entonces, su sucesor, Alberto Elías Beltrán -el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República- lo ha contradicho afirmando que el caso está en curso, por lo que no puede dar detalles de lo que se ha encontrado. En realidad, el caso ha sido archivado, señalaron las tres personas enteradas de la cuestión. Ya de por sí padeciendo múltiples escándalos de corrupción y una violencia creciente a nivel nacional, el gobernante Partido Revolucionario Institucional no puede arriesgarse a que surja otro escándalo antes de las elecciones presidenciales en julio, apuntaron las fuentes. Aunque retrasar o detener los procesos también podría dañar la reputación del partido en el poder, el cálculo tiene sentido, afirman varios críticos: a final de cuentas la indignación por cualquier encubrimiento podría perjudicar menos al partido que poner al descubierto más corrupción en un juicio. "Este escándalo va más allá de afectar la reputación del Presidente, que ya está dañada", comentó Eduardo Bohórquez, uno de los arquitectos del sistema anticorrupción del País, que ha sido consagrado en la Constitución.  "No acusar a nadie en este caso trata sobre el futuro del partido. "Con otro escándalo como éste se podría venir abajo toda la maquinaria política y su financiamiento", agregó. "Esto es más grande que sólo las elecciones, trata sobre la supervivencia del propio partido". La investigación ha confirmado en gran medida lo que ya se conoce de acuerdo con las personas que han revisado los documentos: que millones de dólares en sobornos fueron depositados a cuentas offshore para garantizar contratos de infraestructura. Una parte de los contratos, del pago de sobornos y de las transferencias de dinero reveladas por el Gobierno brasileño y organizaciones noticiosas mexicanas han sido corroboradas en los expedientes del caso. Sin embargo, los investigadores mexicanos no extendieron considerablemente su pesquisa para buscar contratos o pagos que podrían haber pasado desapercibidos a las autoridades brasileñas, de acuerdo con las fuentes con conocimiento del caso. Desde que se empezaron a filtrar detalles sobre el papel de México en el escándalo de Odebrecht, en el 2016, la información se ha centrado en Emilio Lozoya Austin, uno de los principales allegados y aliados más cercanos del Presidente. Lozoya fue un miembro del equipo de campaña del Presidente en el 2012, y después fue nombrado director de Pemex, tras la llegada de Peña Nieto a la Presidencia. Lozoya ha negado cualquier acción indebida, y su abogado indica que no hay evidencia sólida de que aceptó sobornos. -- Reforma