Organizaciones pidieron revisar integral y exhaustivamente la actuación de los funcionarios que indagaron el caso Iguala, luego de que un juez federal ordenó volver a determinar si deben investigarse administrativa o penalmente supuestas irregularidades en las pesquisas. "Para las y los familiares de los normalistas desaparecidos, esta sentencia representa una oportunidad para que la nueva administración federal revise integral y exhaustivamente las actuaciones de los funcionarios involucrados en la irregular investigación del caso Ayotzinapa. "Sin ningún condicionamiento jurídico previo", demandaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Fundar. En un pronunciamiento conjunto, subrayaron que la sentencia llega en un momento oportuno no sólo por la próxima instalación de la Comisión para la Verdad y la Justicia, sino para romper los pactos de impunidad que, afirmaron, han impedido acceder a la verdad. REFORMA publicó el sábado que un juez federal ordenó a la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) volver a determinar si deben investigarse administrativa o penalmente supuestas irregularidades atribuidas a nueve funcionarios, entre ellos Tomás Zerón, en el hallazgo de bolsas con cenizas y restos óseos en el caso Iguala. El 5 de diciembre de 2016, la Visitaduría turnó este caso al Órgano Interno de Control (OIC) y a las áreas de responsabilidades de la PGR, al concluir que los funcionarios probablemente cometieron faltas administrativas, pero no incurrieron en responsabilidad penal. Sin embargo, Martín Santos, Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, determinó que la Visitaduría no hizo un pronunciamiento sobre todas las conductas que le imputan a los servidores públicos por la diligencia del 28 de octubre de 2014 en el Río San Juan. Las organizaciones recordaron que la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció que, en principio, la investigación de la Visitaduría fue integrada con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, recalcaron, la Oficina advirtió que se produjo un viraje "lamentable" que significó una oportunidad perdida para atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso. "La sentencia reconoce el interés jurídico de las víctimas indirectas en este tipo de procedimientos por su impacto en el derecho a la verdad. Asimismo, considera que la resolución de la Visitaduría no fue exhaustiva ni congruente", señala el pronunciamiento. "Y advierte que omitió pronunciarse sobre la trascendencia penal que pudieron llegar a tener las conductas documentadas dada su gravedad. En consecuencia, la Visitaduría General de la PGR deberá emitir una nueva resolución para subsanar las fallas y omisiones cometidas". --

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