El Gobernador Javier Corral solicitó formalmente al Presidente Andrés Manuel López Obrador se desista de la controversia constitucional presentada por el ex Presidente Enrique Peña Nieto. "Se solicita su instrucción para el desistimiento de la controversia constitucional 183/2018", se indica en un oficio firmado por el panista, recibido el 16 de enero en la Oficialía de Partes de la Presidencia de la República. El Consejero Jurídico en la Administración de Peña Nieto, Misha Granados, presentó el 11 de octubre de 2018 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el recurso contra órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación de la Fiscalía estatal contra funcionarios federales. El blindaje que buscan Peña Nieto y ex miembros de su Gabinete es por el presunto desvío de 250 millones de pesos a través de una triangulación desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacia el Gobierno de César Duarte y posteriormente hacia las campañas del PRI en 2016. Luego de la controversia constitucional presentada, el Ministro Eduardo Medina Mora suspendió indefinidamente cualquier investigación o imputación penal de la Fiscalía de Chihuahua en contra del priista y sus funcionarios. Medina Mora ordenó que el Gobierno de Corral entregue copia de todas las actuaciones ministeriales emprendidas por su Administración en contra del Ejecutivo y miembros de su equipo. El Gobierno de Chihuahua presentó diversos recursos contra la admisión de la controversia y contra la suspensión ordenada. Por el caso de los 250 millones de pesos, la Fiscalía chihuahuense detuvo y procesó a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor, a quien acusó de triangular el dinero. La Fiscalía General de la República quitó el caso al Estado y, al no presentar cargos contra Gutiérrez, permitió que se sobreseyera el proceso, por lo que un juez federal ordenó liberarlo. El Ejecutivo federal no podrá desistirse por completo de la controversia constitucional. Lo anterior porque el ex Consejero Jurídico del Ejecutivo, Misha Granados, impugnó dos cuestiones distintas. Por una parte, los posibles actos de autoridades de Chihuahua contra funcionarios federales, entre ellos, investigaciones por delitos y órdenes de comparecencia, arraigo o aprehensión. El actual Consejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra, sí podrá desistirse de esta parte de la controversia. Sin embargo, Granados también impugnó la Constitucionalidad del artículo 20, fracción primera, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como del artículo 7 del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Alegó que estas normas son inconstitucionales porque permiten a autoridades estatales perseguir delitos del fuero federal, cuando estos únicamente deberían ser competencia de autoridades federales. La Corte ha establecido, repetidamente, que no es posible desistirse de controversias constitucionales en las que se impugnen normas generales, por lo que esta parte del caso seguiría en litigio, hasta que el Pleno del Máximo Tribunal se pronuncie sobre los códigos mencionados. Si Scherer presenta el desistimiento, el Ministro instructor, Eduardo Medina Mora, tendrá que decidir si mantiene o revoca la suspensión que concedió el pasado 29 de octubre, por la cual las autoridades de Chihuahua no pueden actuar contra funcionarios federales. Medina Mora podría considerar que la suspensión debe seguir vigente, ante la posible incompetencia de autoridades de Chihuahua para perseguir delitos federales, pero también podría revocarla, al considerar que ya no se están cuestionando los actos que originalmente se atribuyeron al Gobierno estatal. -- Reforma