Rabobank deberá pagar casi 370 millones de dólares en Estados Unidos por operar fondos vinculados con narcotraficantes de México, informó ayer el Departamento de Justicia. La multa llega después de que la filial californiana del banco holandés se declarase culpable de obstruir investigaciones sobre lavado de activos del Tesoro y de su principal regulador, la OCC. Según las autoridades estadounidenses, los empleados bancarios ocultaron información a las autoridades durante casi un lustro. La sanción, de 368.7 millones de dólares, es una de las mayores impuestas por Estados Unidos en un caso de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico en México. Está lejos, sin embargo, de la multa de mil 900 millones de dólares impuesta sobre HSBC en 2012 por ayudar a clientes a transferir fondos sospechosos de México, Irán, Siria o Arabia Saudí. La sanción a Rabobank llega dos meses después de que un ex vicepresidente de la entidad, George Martin, acordara cooperar con los investigadores sobre su presunta responsabilidad en no mantener las salvaguardias adecuadas contra el lavado de dinero. Los fiscales afirman que entre 2009 y 2012, Rabobank permitió en sus cuentas casi 370 millones de dólares en efectivo imposibles de rastrear proveniente de México y otros lugares. "Cuando Rabobank supo que un número considerable de las transacciones de sus clientes indicaban tráfico internacional de narcóticos, crimen organizado y actividades de lavado de dinero, optó por mirar hacia otro lado y encubrir las deficiencias", dijo John Cronan, del Departamento de Justicia, en un comunicado. "Peor aún, Rabobank tomó medidas para obstruir que el regulador examinara esas mismas deficiencias", agregó. La sucursal Calexico de Rabobank, ubicada a dos cuadras de la frontera entre Estados Unidos y México, se convirtió en la sucursal de mayor rendimiento en ese condado del sur de California debido a los depósitos en efectivo de México, según el Departamento de Justicia. El banco mantuvo una "lista verificada" de clientes cuyas transacciones sospechosas no debían revisarse, incluso si generaban alertas de los sistemas de control interno. La lista pasó de 10 clientes en 2009 a más de mil en los siguientes tres años. La política del banco en ese momento impidió las investigaciones internas sobre transacciones sospechosas, como exige la ley, aunque el banco recibió alertas "regulares" sobre transacciones realizadas por clientes y cuentas de alto riesgo, según los fiscales. Además, los ejecutivos del banco obstruyeron en 2012 una investigación del Departamento del Tesoro al mentir a los examinadores y despedir a los empleados que hicieron cuestionamientos internos. -- REFORMA