Aunque la economía de Estados Unidos depende en gran parte de los migrantes, el presidente Donald Trump continúa cumpliendo con su promesa electoral de expulsar a indocumentados, pese a que aún no queda claro el alcance de la medida. Sin embargo, un estudio divulgado en Washington por el centro de investigación no partidista Pew reveló que la mayoría de los estadunidenses no cree que la comunidad indocumentada sea más propensa a cometer delitos graves que la media de la sociedad. En concreto, 65 por ciento de los estadunidenses no consideró que los migrantes en situación irregular sean más peligrosos, mientras que 71 por ciento opinó que la mayoría de indocumentados en Estados Unidos ocupa posiciones de trabajo que los locales no quieren hacer. El informe reveló que a 73 por ciento de los ciudadanos no le molesta que los migrantes no hablen bien el inglés, una tendencia que ha subido más de 30 puntos porcentuales desde 1993. Según el estudio, los indocumentados suponen 26 por ciento de los trabajadores del sector agrícola y 15 por ciento de los de la construcción. Ambos sectores, seguidos del ocio y la hostelería, son los que más dependen de esa mano de obra. Por otra parte, los productores de leche consideraron que esa industria se vería muy afectada de no contar con las personas sin papeles, ya que la mitad de los trabajadores del sector son migrantes. Según los productores, la pérdida de esos empleados elevaría a casi el doble el precio de la leche en el comercio minorista y costaría a la economía estadunidense 32 mil millones de dólares en pérdida de producción, además de unas 208 mil fuentes laborales. Aunque el estudio no distinguía entre migrantes con permiso de residencia o sin él, 71 por ciento de los empleadores encuestados confesó tener poca o relativa confianza en la veracidad de los documentos presentados por los trabajadores. El secretario de Seguridad Nacional de Trump, John Kelly, por ahora solo ha instado a las autoridades a expulsar a migrantes sin papeles que hayan sido acusados por un delito o culpables de una infracción. No obstante, las nuevas directivas permiten en caso de duda un juicio sumarísimo, criticó Marielena Hincapié, directora del National Inmigration Law Center. Según esa organización civil, los criterios se han ampliado tanto que casi cualquier migrante puede ser expulsado de manera arbitraria. Asimismo, un estudio del instituto de investigación National Bureau of Economic Research concluyó que la expulsión de indocumentados sería nociva para la economía estadunidense. “La idea de que los migrantes roban el empleo a los estadunidenses es simple y llanamente falsa”, sostiene también Randy Mooney, de los productores de leche.  Una de las pruebas irrefutables de lo que extendida que está en el país la contratación de indocumentados fue en el propio gabinete de Trump: el secretario de Economía, Wilbur Ross, y Andrew Puzder, candidato fallido a secretario de Empleo, admitieron que tenían contratados en sus casas a empleados sin papeles en regla. -- INFORMADOR