Conforme al Informe de la Libertad de Expresión en México 2020, realizado por distintas organizaciones, y el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, las condiciones para ejercer la libertad de expresión en México se han deteriorado en el último año, lo que resulta más acuciante en el ámbito estatal y municipal. Además de los riesgos derivados de la cantidad de homicidios, amenazas, acciones de acoso judicial e intimidaciones que deben enfrentar periodistas y personas defensoras de derechos humanos de forma cotidiana en el país.

La constante estigmatización y desacreditación hacia periodistas, medios de comunicación, organizaciones civiles, intelectuales, etcétera., que surgen desde la presidencia de la república, e instancias gubernamentales en las conferencias matutinas. Asimismo persisten condiciones laborales precarias, falta de conocimiento, uso de protocolos de prevención de riesgos, autoprotección, y códigos de ética. A esto hay que sumar condiciones estructurales, como marcos legales e instituciones de protección y justicia débiles, e ineficientes.

En este contexto, la expansión del Covid-19, ha visibilizado y en muchos casos exacerbado, los riesgos y las vulnerabilidades señaladas.

Y por si esto fuera poco, la dinámica de la violencia y control territorial de los diferentes grupos de la delincuencia organizada que operan en el país, también es una de las causas de los riesgos para la cobertura de noticias, y las líneas editoriales de medios de comunicación, así como de la defensa de derechos relacionados con el territorio, con las personas migrantes, con las personas jóvenes o con las familias de personas desaparecidas.

El creciente clima de polarización política, es una de las causas principales detrás de la polarización de los ataques, tanto virtuales como presenciales, en contra de periodistas y personas defensoras.

Aunque las problemáticas mencionadas, y otras más, han sido analizadas y documentadas por organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, al igual que por organismos intergubernamentales internacionales, la pregunta persiste: ¿Por qué México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer la libertad de expresión?

Entre los dantos más relevantes destaca que 22 estados tienen marcos legales e institucionales débiles, para la prevención y la protección de periodistas, y personas defensoras de Derechos Humanos; solamente cuatro estados, tienen áreas especializadas para la investigación de delitos contra la libertad de expresión; los 32 estados mantienen la existencia de leyes que criminalizan o castigan civilmente, el ejercicio de la libertad de expresión; ningún estado del país incluye contenidos dirigidos a minorías lingüísticas, en los tres tipos de medios observados: televisión, radio, y medios impresos; prevalece el rezago en la participación de mujeres en los más altos cargos directivos en los medios de comunicación masiva; ningún estado demostró capacidades para realizar análisis de riesgos; no hay capacidades técnicas para registrar de forma homologada homicidios y agresiones, y menos aún para convertirlos en información relevante para análisis de riesgos contextualizados; del promedio total de carpetas de investigación iniciadas o abiertas en el país, solamente 0.2 por ciento, corresponden a delitos contra periodistas, y /o personas defensoras de derechos humanos.

Así tenemos que la falta de datos sólidos sobre agresiones, impide hacer diagnósticos serios sobre el problema, y por ende los mecanismos están destinados a fracasar.

El informe da seguimiento a la evaluación de desempeño institucional, realizada al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. Los resultados reflejan avances importantes, en las capacidades técnicas para la conformación de análisis de riesgos con enfoque de género e interseccional, así como en la conformación de unidades más especializadas para la investigación de delitos contra la libertad de expresión.

Ante este escenario, se requiere un marco legal que siente las bases de coordinación federal con los estados, aunado a la debilidad normativa, institucional, técnica, y operativa. Así vemos lo endeble del andamiaje de protección y justicia para periodistas, y personas defensoras de derechos humanos que tiene el estado mexicano.

El informe consta de 132 páginas, presenta hallazgos y recomendaciones para que el conjunto de actores públicos, privados, y sociales, que forman parte del ecosistema de libertad de expresión en nuestro país, asuman una parte de su responsabilidad, para reducir las vulnerabilidades y riesgos que enfrentan diariamente periodistas, y defensores de derechos humanos, en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio periodístico y la defensa de los derechos humanos.