El nuevo gobierno español del socialista Pedro Sánchez realizó su primer gesto hacia el independentismo catalán levantando la intervención financiera a Cataluña, pero advirtió que la celebración de un referendo de autodeterminación está "fuera" de la negociación. En un gesto para la "normalización" de las relaciones entre Barcelona y Madrid, la portavoz gubernamental Isabel Celaá anunció que el gobierno regional del independentista Quim Torra no requerirá la autorización del ministerio de Hacienda para pagar a sus proveedores. "Hemos determinado que se den instrucciones a los bancos para que el gobierno de Cataluña pueda abordar los pagos que le corresponden sin necesidad de pasar por la supervisión de Hacienda del gobierno de España", anunció Celaá en una rueda de prensa tras la primera reunión del ejecutivo. La medida fue decretada en septiembre de 2017 por el anterior gobierno conservador de Mariano Rajoy para evitar que el Ejecutivo catalán entonces dirigido por Carles Puigdemont sufragara el referendo ilegal de autodeterminación celebrado el 1 de octubre. A partir de ahora, el gobierno catalán sólo deberá enviar un informe mensual sobre sus gastos a Madrid. Sánchez, que tumbó a Rajoy con una moción de censura apoyada entre otros por los independentistas catalanes, tiene previsto reunirse con los presidentes de las 17 regiones españolas, entre ellas el catalán Joaquim Torra, explicó Celaá. Pero cuestionado sobre una posible discusión de la celebración del referendo de autodeterminación que reclaman los independentistas catalanes, la portavoz fue tajante: está "absolutamente fuera" de la agenda de negociación, afirmó. Abiertos también a un diálogo con Madrid que fue casi inexistente bajo el mandato de Rajoy, los independentistas parecen haber rebajado ligeramente sus pretensiones y renunciar por ahora a la secesión unilateral intentada en octubre. -- MILENIO