Durante la gestión de Felipe Muñoz Vázquez como Procurador General de Justicia de Aguascalientes, agentes de la dependencia realizaron torturas, detenciones arbitrarias y torturas sexuales, documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El organismo dio a conocer hoy la Recomendación 17VG/2019, por violaciones graves a los derechos humanos, cometidas, en diferentes momentos, contra 19 víctimas por personal del también llamado "Fiscal de Hierro", quien fue procurador de 2010 a 2015 en el Gobierno del panista Luis Armando Reynoso Femat. "La CNDH acreditó violaciones a los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y a la libertad personal por detención arbitraria en 9 casos; a la seguridad e integridad personal por tortura en 14 de ellos; a la seguridad e integridad personal por tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en 2. "A la seguridad personal e integridad sexual por tortura y violencia sexual en 2 y al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración y a la verdad en 19, todas atribuibles a personal de la entonces Procuraduría estatal", señala la Recomendación. Según la CNDH, en la mayoría de los casos, las personas eran detenidas sin orden de presentación y luego las trasladaban a un gimnasio de la Procuraduría estatal al que le llamaban "SPA". "Allí eran atadas de manos y pies, les colocaban sobre una llanta para golpearlos y realizarles todo tipo de vejaciones; en otros casos, las violaciones a derechos humanos ocurrieron mientras se encontraban en arraigo", señala la indagatoria. "El personal de la instancia de procuración de justicia les amenazaba con dañar a sus familias para que aceptaran su participación en diversos ilícitos". La CNDH inició la investigación luego que en junio de 2013 familiares de 186 internos de las tres prisiones estatales denunciaran al entonces Procurador General de Justicia del Estado de haber participado en detenciones arbitrarias y actos de tortura. Sin embargo, de los 186 internos, sólo pudo conocer a detalle la situación de 25, pues en 101 casos el domicilio que refirieron cuando fueron detenidos en realidad no existía, 33 ya no vivían en sus casas y 27 prefirieron que no se indagara sus casos por temor a represalias. De los 25 casos que analizó, sólo pudo comprar los actos de tortura en 19 de ellos, todos ocurridos entre el año 2011 y 2012. -- Reforma