La Guardia Nacional tendrá amplias facultades de operación y actuación si se aprueba en sus términos la ley de la nueva fuerza de seguridad propuesta por el Ejecutivo. Realizará desde acciones de prevención de delitos y faltas administrativas hasta operativos encubiertos e intervención de comunicaciones. La iniciativa prevé que actúe en todo el territorio, incluidas zonas fronterizas, puentes internacionales, aduanas, garitas, carreteras federales, vías férreas, aeropuertos, parques nacionales y penales federales. Contará con facultades para investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público, e incluso recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo. El Ejecutivo plantea que la Guardia Nacional pueda utilizar cualquier tipo de herramienta, medio o instrumento para la generación de "inteligencia preventiva". "Llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la prevención e investigación de delitos en términos del Reglamento", refiere la iniciativa de Ley de la Guardia Nacional en el apartado de atribuciones y facultades. La corporación podrá además solicitar -previa autorización de un juez- a concesionarios o permisionarios de operadoras telefónicas la información y georreferenciación de teléfonos celulares. "Para el cumplimiento de sus fines de prevención de los delitos. La autoridad judicial competente deberá acordar la solicitud en un plazo no mayor de 12 horas a partir de su presentación", apunta la iniciativa. A diferencia de las Fuerzas Armadas, los integrantes de la Guardia Nacional actuarán como "primeros respondientes" ante la comisión de delitos. Es decir, tendrán la responsabilidad de preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, garantizar la integridad de los indicios y recolectar o resguardar objetos

Sanciones Una de las novedades son los denominados delitos contra la disciplina. Se propone aplicar penas de 30 a 70 años de prisión al personal de la Guardia Nacional que se "incorpore" a la delincuencia organizada". Se aplicarán de 15 a 60 años de cárcel a los elementos que utilicen la fuerza o cualquier recurso a su cargo a favor de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa. Las mismas penas aplicarán para quien proporcione protección, información o dote de adiestramiento a un criminal; y para quien induzca a personal a su cargo a prestar servicios a la delincuencia. "Las penas previstas en este capítulo se impondrán además de las que correspondan a los delitos que resulten cometidos por las actividades del individuo u organización delictiva", indica la iniciativa. -- Reforma