Cuando Guillermo Padrés podía quedar libre en el juicio por lavado de dinero, el juez que le instruye el otro proceso por defraudación fiscal impidió su salida. Ayer, los papeles se invirtieron. En el juicio por defraudación fiscal que se instruye en la Ciudad de México, el juez federal Guillermo Urbina Tanús aceptó este jueves la hipoteca de unos inmuebles por 100 millones de pesos, propiedad de familiares en Sonora y Baja California, para que el ex Gobernador de Sonora abandone el Reclusorio Oriente. Sin embargo, Padrés no va a salir de la cárcel en las próximas horas porque Juan Miguel Ortiz Marmolejo, juez de Toluca que lleva su proceso por lavado, canceló las hipotecas que cubrieron la garantía de 40 millones y ordenó retirarle el brazalete electrónico. Esta medida la tomó precisamente porque su homólogo no lo dejaba salir. El juicio que instruye Urbina Tanús en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México había sido hasta el jueves el más complicado para destrabar la liberación del ex Mandatario. En un proceso por defraudar al fisco con 70 millones de pesos, el juez le concedió pasar de la prisión preventiva a la libertad provisional, a cambio de cubrir una garantía de 100 millones de pesos. Cuando Diego Fernández de Cevallos ofreció la hipoteca de un inmueble de su propiedad en Acapulco, valuado en 402 millones de pesos, Urbina la rechazó. Por eso algunos familiares ofrecieron otros bienes que finalmente ayer fueron aceptados. El problema para Padrés es que hace unos días Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Séptimo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, responsable del proceso por lavado de 11 millones 186 mil 895 pesos, echó abajo todo lo que había hecho para quedar libre. Por un lado, instruyó cancelar las dos hipotecas de 40 millones de pesos que habían garantizado la libertad provisional, ya concedida, y ordenó el retiro del brazalete electrónico que le habían colocado en el interior del Reclusorio Oriente. También dejó sin efectos las medidas cautelares impuestas, es decir, la obligación de presentarse quincenalmente en el juzgado para firmar el libro de procesados y la prohibición para salir del País sin permiso del juez. El juez Ortiz decidió lo anterior porque, según su acuerdo, dichas medidas eran ineficaces dado que en el otro juicio que se le instruye por fraude al fisco aún no obtenía la libertad, situación que cambió ayer. Para el ex Gobernador y su libertad, ya concedida, ahora es un riesgo permanente el hecho de que no estén empatados los plazos entre los dos jueces que llevan sus procesos. Esto porque, eventualmente, Urbina también podría cancelar la hipoteca aceptada el jueves y las medidas cautelares, argumentando que su colega Ortiz mantiene a Padrés sin los trámites cubiertos para abandonar la cárcel. Es decir, podría repetir las mismas razones que alegó su homólogo. No obstante, su defensa puede hacer las promociones para volver a presentar en Toluca en el menor tiempo posible las hipotecas y solicitar que otra vez le coloquen el brazalete electrónico al ex Gobernador para hacer valer de nueva cuenta el beneficio de la libertad que ya le fue concedido. Si lo anterior ocurre en el menor tiempo posible, la liberación de Padrés dependerá de que Urbina Tanús permita a los abogados hacer sus gestiones en Toluca y no cancele las medidas cautelares que estableció en la capital del País. Sólo de esta manera Padrés podría abandonar el Reclusorio Oriente en los próximos días. -- Reforma