Funcionarios de alto nivel de diversos órganos y dependencias empezaron a presentar esta semana amparos para impugnar el Presupuesto de Egresos 2019, donde se concretó la reducción de sus salarios por el tope de 108 mil pesos mensuales que se asignó el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Demandas recientes incluyen las presentadas por Luis Manuel Perea Laseca, segundo visitador adjunto de la CNDH; Cristóbal Montiel Reyna, director ejecutivo de administración del Instituto Nacional Electoral, y Jesús Isaías Silva, director general adjunto en la SEIDO. Además, Raúl García Moreno Elizondo y Enrique Rodríguez Huesca, Magistrado y director de asuntos jurídicos del Tribunal Agrario. Grupo Reforma informó el miércoles sobre el amparo de Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo y principal funcionario operativo del INE, al que le redujeron su ingreso neto anual de 2.8 a 1.6 millones de pesos. Ayer, la jueza federal Laura Gutiérrez de Velasco concedió a Jacobo una suspensión provisional, cuyos alcances se desconocen, aunque podría ser para suavizar o incluso frenar por completo la reducción de sus ingresos. El malestar es creciente, según fuentes de la Administración pública. "Me bajaron 22 mil pesos a la quincena", dijo un alto funcionario de un organismo descentralizado, con veinte años en el Gobierno, que estudia si se ampara o si dejará el servicio público, pues en el sector privado puede ganar más que los 1.6 millones de pesos netos anuales del tope del Presidente. El plazo para promover los amparos es de 15 días hábiles a partir del pago de la primera quincena en que se aplique la baja salarial. Algunos jueces federales en materia administrativa se están mostrando renuentes a tramitar estos amparos. Esta semana, varios de ellos se declararon incompetentes y mandaron los casos a jueces en materia de trabajo, mientras que otros se declararon impedidos porque, ellos mismos, han impugnado la Ley Federal de Remuneraciones. Los nuevos amparos se distinguen de los más de 3 mil 800 presentados desde noviembre para impugnar en abstracto dicha ley, ya que ésta no contempla montos específicos, a diferencia del Presupuesto de Egresos, que es donde se impuso el recorte salarial. El 66 por ciento de los quejosos en los amparos contra la Ley de Remuneraciones son personal del propio Poder Judicial, y la gran mayoría son actuarios, secretarios y oficiales judiciales, a los que no afecta el tope del Presidente de la República, porque ganan hasta 85 mil pesos mensuales. De hecho, el Consejo de la Judicatura Federal ya determinó que tampoco se afectarán los ingresos de mil 502 jueces de distrito y magistrados de circuito que ganan 2.2 y 2.5 millones de pesos anuales, y de los que mil 76 se habían amparado. -- Reforma