WASHINGTON.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos incrementó el miércoles la presión sobre las llamadas ciudades santuario que piden fondos para la seguridad pública, al advertir a las autoridades estatales y municipales que podría obligarlas legalmente a demostrar que cooperan con las autoridades federales de inmigración. Una veintena de jurisdicciones recibieron cartas con amenazas de emitirles apercibimientos si no entregan documentos para demostrar que no están ocultando información sobre el estatus inmigratorio de gente presa. El Departamento ha amenazado reiteradamente con negar millones de dólares en subsidios a los gobiernos de comunidades y estados que se niegan a enviar esa clase de información a las autoridades federales. El gobierno del presidente Donald Trump ha prometido castigar a ciudades y estados que se niegan a colaborar con la aplicación de las leyes de inmigración. Muchas ciudades han desafiado las amenazas. Chicago, Filadelfia y todo el estado de California han iniciado demandas para determinar si el gobierno federal ha cometido abuso de autoridad al retener los fondos. Entre las 23 jurisdicciones que recibieron las cartas el miércoles se encuentran Chicago, Nueva York, Denver, Los Ángeles y los estados de Illinois, Oregón y California. Fuentes oficiales dijeron que esos lugares habían recibido advertencias de que debían brindar información sobre sus medidas para poder recibir fondos con los que se pagan desde chalecos antibalas hasta horas extra de policías. "El secretario de Justicia, Jeff Sessions, ha dicho que la política de las ciudades santuario es responsable de la delincuencia y la violencia pandillera. "Hemos visto demasiados ejemplos de la amenaza a la seguridad pública que representan las jurisdicciones que impiden activamente la ejecución de la política de inmigración: basta ya", dijo Sessions el miércoles.

Sin embargo, los defensores de las ciudades santuario dicen que éstas mejoran la seguridad pública al promover la confianza de las comunidades inmigrantes en la policía y permiten volcar los escasos recursos policiales a otras necesidades más urgentes de combate a la delincuencia. -- EL UNIVERSAL