La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, para reparar el daño a un detenido que fue torturado por militares en Apatzingán, Michoacán. En un comunicado, detalló que, tras un enfrentamiento el 5 de enero de 2014 en ese Municipio, en el que murieron dos soldados, detuvieron a un ciudadano, cuya defensa legal comprobó actos de tortura. "La CNDH contó con la evidencia suficiente para acreditar violaciones al derecho a la integridad personal por actos de tortura en agravio de la víctima", indicó el organismo. De acuerdo con la queja presentada por un defensor público federal, el agraviado fue aprehendido luego de un enfrentamiento en un tramo carretero entre la comunidad de Las Anonas y El Naranjo de Chila. Tras recibir un disparo, fue detenido y amarrado de manos y pies por efectivos militares, le colocaron en el cuello el cinturón que portaba y lo comenzaron a arrastrar, al tiempo que le pegaron con la culata de un arma y le propinaron un puntapié en nariz y boca. Luego de permanecer más de cinco horas en la parte trasera de una camioneta del Ejército, donde lo golpearon e insultaron, fue conducido a las instalaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), donde se ordenó llevarlo a un hospital ante la gravedad de las lesiones que presentaba. Finalmente, un juez determinó su responsabilidad en la comisión de diversos ilícitos, por lo que fue sentenciado a seis años de prisión. "Aun cuando el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional indicó que al momento de la detención la víctima ya se encontraba golpeada, no se aportaron pruebas que avalaran dicha versión", señaló la CNDH. Además, se consignó que la Opinión Médica Especializada para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, realizada por la Comisión, determinó que las lesiones que presentó en su integridad física correspondían al momento inmediato a su detención y causadas de forma innecesaria para su sometimiento. Asimismo, la revisión de los expedientes clínicos, notas y certificados médicos emitidos por diversas instancias permitieron comprobar que las lesiones descritas en los mencionados dictámenes coinciden con los hechos narrados por el agraviado. Sobre los militares que perdieron la vida, se pidió la reparación del daño de forma integral a familiares. En la recomendación 79/2018 se asevera que los hechos y la documentación relativa al caso fueron analizados bajo los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. El organismo solicitó a la Sedena colaborar en la denuncia y queja que por esos hechos se presenten, respectivamente, ante la Fiscalía General de la República e instancias correspondientes y la reparación del daño del agraviado, capacitar al personal en materia de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. -- Reforma