Alrededor de 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan en México para contribuir a la economía de sus hogares, una cifra que representa un ligero descenso respecto a los 3.7 millones estimados anteriormente, pero que mantiene encendidas las alertas sobre la pobreza familiar y la falta de políticas públicas eficaces, señaló Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia.

Para Así las Cosas, el especialista explicó que los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reflejan una reducción moderada del trabajo infantil; sin embargo, consideró que el panorama continúa siendo preocupante, particularmente porque el fenómeno se concentra en comunidades vinculadas con pueblos originarios y en entidades como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla.

Asimismo, destacó la importancia de distinguir entre las distintas formas de trabajo infantil, especialmente aquellas que no están permitidas por la legislación o que ponen en riesgo los derechos y el desarrollo de los menores. En este sentido, sostuvo que muchos de ellos no se incorporan al mercado laboral por decisión propia, sino por la necesidad de compensar los ingresos insuficientes de sus familias.

Ante ello, Pérez García consideró que el problema no debe analizarse únicamente desde la responsabilidad de los padres, pues también involucra al Estado y a las empresas que se benefician de esta mano de obra. Aunado a ello, recordó que México asumió compromisos internacionales para garantizar los derechos de la niñez desde hace 37 años, por lo que, cuando una familia carece de condiciones económicas adecuadas para el desarrollo de sus hijos, corresponde a las instituciones fortalecerla mediante programas de protección social.

No obstante, cuestionó que, pese a los recursos destinados a distintos programas públicos, estos no hayan conseguido reducir de manera suficiente las condiciones de pobreza que llevan a los menores a trabajar. Por ello, insistió en que las políticas sociales deben evaluarse no solo por el presupuesto ejercido, sino también por sus resultados en el bienestar de las familias.

El coordinador de Tejiendo Redes Infancia advirtió, además, que el trabajo infantil puede afectar el desempeño escolar, provocar ausencias frecuentes e incluso conducir al abandono de los estudios. De acuerdo con los datos internacionales a los que hizo referencia, el fenómeno comprende a menores de entre 5 y 17 años, un periodo fundamental para su formación y desarrollo.

De igual manera, subrayó que las consecuencias pueden variar según las condiciones en que trabajan. En el caso de las niñas, advirtió sobre los riesgos de acoso y violencia sexual, así como de uniones y embarazos a edades tempranas. Para los niños, en tanto, las actividades que implican esfuerzos físicos excesivos pueden comprometer su salud y bienestar.

El especialista también llamó la atención sobre sectores productivos, como la agroindustria, en los que, afirmó, existe el riesgo de que las empresas se beneficien de mano de obra infantil mal remunerada. Por ello, consideró necesario reforzar la vigilancia y el cumplimiento de las disposiciones legales para prevenir estas prácticas.

Entre las medidas que deberían fortalecerse, Pérez García mencionó la permanencia de niñas, niños y adolescentes en las escuelas, el acceso a servicios de salud y el mejoramiento de los ingresos familiares. A su juicio, estas acciones deben formar parte de una estrategia integral que atienda las causas económicas y sociales del trabajo infantil, en lugar de limitarse a sancionar a las familias que enfrentan condiciones de precariedad.

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Finalmente, identificó como uno de los principales pendientes la falta de sesiones del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), cuya operación contempla la participación del titular del Ejecutivo federal. Según señaló, la ausencia de reuniones desde el sexenio anterior refleja que la protección de la niñez no ha recibido suficiente prioridad política al más alto nivel, una situación que, advirtió, puede debilitar la continuidad de las medidas de protección en los gobiernos estatales.